Lo que acaba de ocurrir –que los 35.000 millones de euros de deuda que aún mantiene la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria) pasan a tener la consideración de deuda pública– lo advirtió Manuel Gabarre, investigador del Observatorio CODE, en su libro ‘Tocar fondo. La mano invisible detrás de la subida del alquiler’, publicado en 2019. Y antes incluso lo advirtió el economista Carlos Sánchez Mato en su artículo ‘Certezas sobre el Banco Malo. Malo no, peor’, publicado en 2012 en la web de la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda.
“Además de la descomunal estafa que supone asumir con fondos públicos la desastrosa gestión realizada por las entidades bancarias, en la puesta en marcha de la Sareb podemos encontrar diversos elementos que acentúan el fraude a los ciudadanos y convierten el mismo en inútil para resolver el problema de la quiebra de las entidades”, escribía Sánchez Mato. “Como en las fases anteriores de la crisis financiera, se ha optado por socializar las pérdidas derivadas de los activos sobrevalorados que las entidades acumulan en sus balances. Pero se hace de la peor forma posible: ocultando la participación pública en el rescate a los causantes de la quiebra y cediendo la mayoría accionarial en la sociedad de gestión de dichos activos a inversores privados”, añadía. E insistía en que “simular que la Sareb no es una empresa pública no es otra cosa que un flagrante fraude de ley”.
El estallido de la burbuja inmobiliaria provocó que miles de personas acabaran desahuciadas de sus viviendas, que esas miles de viviendas acabaran en manos de los bancos, que esos bancos acabaran en la quiebra y que el Estado rescatara a esos bancos quebrados –y no a aquellas personas desahuciadas– y se quedara con miles de viviendas.
Aquí es donde entra en juego la Sareb, constituida –para evitar la quiebra de todo el sistema financiero español– en 2012 por el Estado y por el Consejo de Europa con un capital de 1.200 millones de euros –660 millones, el 55%, de origen privado y 540 millones, el 45%, de origen público, a través del FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria)– y un préstamo, procedente de la Unión Europea, de 50.800 millones de euros que todos los implicados en la constitución de la entidad sabían que la entidad nunca podría devolver y que tendría que acabar devolviendo el Estado. Sin embargo, Luis de Guindos –entonces, ministro de Economía del Gobierno del PP presidido por Mariano Rajoy– manifestó que la Sareb no supondría ningún coste para lo público. No obstante, Eurostat –la Oficina Europea de Estadística, con rango de Dirección General de la UE– decidía este martes que –como De Guindos sabía que acabaría pasando, aunque cuando él ya no formara parte del Gobierno– los 35.000 millones de euros de deuda que aún mantiene la Sareb pasen a tener la consideración de deuda pública.
“540 millones públicos y 660 privados, pero luego los 50.781 millones de la UE, avalados sólo por el Estado; lo sangrante es que de esa forma estás en minoría –45%–, pero eres el que financia el 95% de los fondos”, explica este jueves Sánchez Mato, consultado por LUH. “Lógicamente, Eurostat ha dicho que se les ve el plumero”, añade.
“Dentro de unos pocos años el Estado deberá afrontar el aval de Sareb. Cuando llegue ese momento, no estaría de más recordar quiénes han sido los responsables de este gran desfalco”, advertía Gabarre hace dos años. De la Sareb –“una de las principales operaciones políticas que ha tenido lugar en España durante los últimos años”, advertía el autor de ‘Tocar fondo. La mano invisible detrás de la subida del alquiler’– se han beneficiado fundamentalmente los fondos de inversión extranjeros, básicamente estadounidenses, la banca española y “algunos personajes del panorama político como la familia Aznar/Botella e incluso Rodolfo Martín Villa, que fue consejero de Sareb desde su constitución”. Los principales perjudicados, “la sociedad española en su conjunto”, que perdió “la ocasión de disponer de un parque público de vivienda con un tamaño suficiente para hacer frente a la especulación llevada a cabo por las elites económicas”.
Sánchez Mato, también responsable de Políticas Económicas de IU, insiste ahora en la necesidad de que la Sareb, puesto que “ya entra dentro del perímetro público de consolidación”, sea gestionada “con criterios de interés general” tanto en lo relativo a las viviendas como a los créditos, pero el economista también es consciente de la “batalla política” que se libra en torno a esta cuestión. Y recuerda que el PSOE “no ha querido sustituir” ni a José Ignacio Goirigolzarri como presidente de Bankia –banco del que el Estado controla el 62% a través del FROB– ni a Jaime Echegoyen como presidente de la Sareb. “Por algo será”, ironiza.
PlanSareb: “Si la deuda de la Sareb es pública, sus viviendas también”
Mientras la Sareb –controlada por el Estado– sigue malvendiendo numerosas viviendas a fondos buitre, activistas del movimiento de vivienda de Madrid okupaban este miércoles la sede del FROB como primera acción de su PlanSareb, que recuerda que “si la deuda de la Sareb es pública, sus viviendas también” y que tiene tres objetivos: el establecimiento de una negociación global para todos los inquilinos afectados y soluciones dignas de esa negociación; el archivo de todos los procedimientos de desahucio abiertos, y la puesta de todas las viviendas vacías a disposición de la sociedad a través de un parque de vivienda público. Con De Guindos en Alemania –ahora ocupa el cargo de vicepresidente del Banco Central Europeo–, el movimiento de vivienda de Madrid se ha dirigido expresamente Paula Conthe, presidenta del FROB; a Nadia Calviño, vicepresidenta de Asuntos Económicos del Gobierno de coalición, y al ministro José Luis Ábalos, redactor de la futura Ley de Vivienda, además de secretario de Organización del PSOE. Y les ha advertido: “Hemos dicho basta, se ha acabado el negocio de los especuladores y de los grandes propietarios”.
La secretaria de Estado de Agenda 2030 del Gobierno de coalición, Ione Belarra (Unidas Podemos), se ha referido a esta cuestión en su perfil de Twitter.
Belarra ha destacado que Unidas Podemos lleva “varios meses proponiendo al PSOE que la Sareb rinda cuentas” sobre el número de viviendas de las que dispone, con el objetivo de poner al menos “el 75%” de ellas “en alquiler social” y ampliar así el parque público de vivienda en alquiler. La secretaria de Estado ha recordado que “nuestro país vive una emergencia habitacional” y ha considerado “urgente” que los grandes propietarios, especialmente si son empresas con capital público, “se corresponsabilicen de la garantía del derecho a la vivienda”.
“La Sareb aún dispone de miles de viviendas y –ahora que la UE ha forzado a que sea una entidad pública– éstas podrían servir como germen para crear un verdadero parque público de vivienda social. Necesitamos que la Ley de Vivienda se apruebe cuanto antes, tal y como acordamos en el marco de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado, para garantizar este derecho y que incluya medidas como esta”, ha insistido Belarra.
