Es el siguiente paso del independentismo catalán hacia una mayor autonomía, casi en la línea de País Vasco y Navarra: pide formalmente salir del régimen común y recaudar y gestionar sus propios impuestos.

La consejera de Economía y Hacienda de la Generalitat, Natàlia Mas, ha entregado al Gobierno central un documento de 85 páginas con la propuesta de financiación singular para Cataluña que el Ejecutivo regional encargó al Departamento de Economía y Hacienda el pasado mes de noviembre.

La propuesta se basa en un modelo de soberanía fiscal plena, lo que implicaría la asunción, por parte de la Generalitat, de la gestión y recaudación de todos los impuestos que se pagan en Cataluña al margen de los tributos locales. Esto incluiría a las grandes figuras tributarias como el IVA, el IRPF, el impuesto sobre sociedades o los impuestos especiales.

Con la aplicación de este nuevo sistema, la Generalitat pasaría de gestionar el 9% al 100% de los impuestos generados en Cataluña, y gozaría de plena capacidad normativa para regularlos.

Esto se traduciría en un ingreso potencial cercano a los 52.000 millones de euros anuales, el doble que con el modelo de financiación actual (25.616 millones de euros con datos de 2021, último año liquidado).

La cuantificación de la transferencia al Estado y del fondo de reequilibrio se acordaría conjuntamente entre la Generalitat y el Gobierno central. De hecho, el nuevo sistema también contempla un mecanismo bilateral Generalitat-Estado de negociación y revisión, así como un mecanismo permanente de coordinación entre ambas partes.

Encaje constitucional

El documento presentado incluye un apartado jurídico, elaborado por el Instituto de Estudios del Autogobierno, que analiza la compatibilidad de la propuesta de financiación singular con el Estatut de autonomía, la Constitución y el derecho europeo, y que establece las modificaciones normativas que deberían impulsarse para implementarlo.

En este sentido, el análisis jurídico concluye que el marco constitucional español permite implementar opciones políticas diferenciadas sobre la financiación autonómica; y que estas opciones, si no incurren en la arbitrariedad ni introducen desigualdades injustificadas, no requieren justificación alguna más allá de la mayoría política necesaria para su adopción.

Además, el documento subraya que la propuesta no contraviene el principio de solidaridad recogido en la Constitución, en la medida en que Cataluña contribuiría a la cohesión territorial con una contraprestación en el Estado por los servicios prestados en Cataluña y con un fondo de reequilibrio territorial.

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