En el último año y medio la subida de precios de los alimentos ha sido un duro varapalo para muchas familias, pues la cesta de la compra se ha encarecido notablemente.

La inflación llegó al 10% en su momento más álgido, pero tras las medidas del Gobierno se ha logrado reducir al 2,8%. Una reducción que también se ha visto en el coste de los alimentos, aunque todavía siguen a precios altos, especialmente los frescos o el aceite.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha hecho públicos los datos de la última edición del Índice de Solvencia familiar.

Los resultados han mostrado cierta mejoría en la situación económica de las familias en comparación a los datos del último informe, pero la fotografía actual sigue siendo muy difícil para la mayoría.

Y es que el índice refleja que la compra de alimentos frescos se ha convertido en un lujo para más de la mitad de las familias en España.

El Índice de Solvencia Familiar se calcula a partir de una encuesta a una muestra representativa de la población española (este año, 3.634 personas de 25 a 79 años) donde se analizan las dificultades de las familias para afrontar una serie de gastos comunes que se refieren a 37 conceptos repartidos en 6 diferentes ámbitos: el coste de hogar y vivienda (hipoteca o alquiler, gas, electricidad y agua, calefacción, telecomunicaciones), la alimentación (compra de productos frescos, alimentos básicos, bebidas, caprichos como los aperitivos…), los cuidados de la salud (consultas médicas, dentista, medicamentos…), la educación (escolarización, universidad, extraescolares…), la movilidad, transporte (los gastos del coche, el transporte público) el gasto en cultura, ocio o tiempo libre (las vacaciones, ir a bares o restaurantes, a museos, espectáculos, comprar libros o ropa…).

La organización ha señalado que el índice ha revelado una leve mejoría de la situación económica de las familias en España, que ha pasado del 45,8 en 2022 (el valor más bajo del índice desde su publicación en 2018) hasta el 46,0 en 2023.

No obstante, de acuerdo con estos datos, la solvencia familiar sigue por debajo de la de 2018.

Ahorrar es algo imposible para el 72% de las familias

Los efectos de las fuertes subidas de precios de los últimos años se siguen haciendo notar puesto que ha crecido el número de familias que tienen algunas dificultades para cubrir los gastos esenciales, que pasan del 61% al 63%.

Afortunadamente ha descendido el número de familias con graves dificultades económicas, que ha pasado del 11% en 2022 al 9% en 2023. Con este panorama, el ahorro resulta imposible para el 72% de las familias.

La OCU ha remarcado que las diferencias geográficas son importantes. Navarra, Aragón, Cantabria, La Rioja, Cantabria y Extremadura son las comunidades con mayor solvencia familiar.

Por el contrario, Cataluña, Madrid y Andalucía son las Comunidades donde más sufre la economía de las familias. Navarra y Aragón son las que más han mejorado en su conjunto y por el contrario destaca la fuerte caída en la solvencia familiar de Cataluña y el País Vasco, debido a la mayor dificultad para hacer frente a los gastos corrientes por parte del conjunto de sus habitantes.

Los factores que más influyen son la hipoteca, la renta del alquiler y la compra de carne y pescado. Precisamente las partidas de gasto que han supuesto un mayor aumento en cuanto a la dificultad para afrontarlas en 2023 respecto al año anterior por parte de las familias españolas.

En concreto un 50% de las familias tiene dificultades para comprar carne y pescado fresco.

El barómetro de la OCU, a pesar de la leve mejoría, ha indicado que para muchas familias comprar carne y pescado fresco se ha convertido en un lujo.

También ha mostrado la creciente dificultad para afrontar el pago de la hipoteca o la renta mensual. Ante esta situación, la OCU ha instado al Gobierno medidas para frenar el impacto de la crisis en las familias que pasan por la rebaja del IVA de la carne y el pescado, el aumento de los cheques alimentos a las familias en situación de vulnerabilidad, que sean destinados a la compra de productos de primera necesidad, y facilitar los acuerdos con entidades bancarias para reducir cuotas hipotecarias.

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