Hoy se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el nuevo sistema de referencia para poner el tope al precio de los alquileres.

La medida estrella de la ley de vivienda pretende ayudar a limitar el precio de la vivienda en las denominadas ‘zonas tensionadas’, aquellos lugares con unas características concretas en los que los precios se han disparado.

Para aplicar este nuevo sistema, la normativa recoge que deben ser las propias comunidades quienes deben solicitar la declaración de las zonas que consideran tensionadas, no se aplica de forma automática.

De momento sólo lo ha solicitado Cataluña para 140 municipios.

El PP ha confirmado que en aquellas regiones donde gobiernan no van a aplicar este índice por varios motivos.

«Suicidio inmobiliario»

En un comunicado, el PP ha confirmado su postura y ha ahugurado un “estrepitoso fracaso” al Índice de precios de alquileres que se ha publicado hoy en el BOE.

La vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del PP, Paloma Martín, ha afirmado que “donde gobernamos sabemos que aplicar este índice es un suicidio inmobiliario, porque desestabilizaría aún más el mercado, reduciría la oferta y fomentaría la economía sumergida. Error tras error”.

La responsable de Vivienda del PP ha señalado que, en el tiempo de vigencia de la ley, los precios de alquiler de pisos han alcanzado “máximos históricos”, con efectos “perversos” para los jóvenes y las clases más desfavorecidas.

“Este índice profundiza aún más en los errores de la ley y de este Gobierno, que vive en un mundo paralelo, de espaldas a los expertos, al mercado y a la realidad”, ha criticado.

“Es sorprende y paradójico que una norma española, sólo la haya aceptado un gobierno independentista”, ha enfatizado.

El Índice de referencia es una de las principales medidas de la Ley de Vivienda y ha dado lugar a 5 recursos de inconstitucionalidad (presentados por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; los gobiernos de Madrid, Andalucía y Baleares; y el Parlamento de Cataluña), todos ellos admitidos a trámite.

Dichos recursos afectan a casi la mitad de los artículos y ponen el foco, entre otras cuestiones, en la vulneración del derecho de propiedad, en el control del precio de los alquileres, en los criterios de identificación de las zonas tensionadas y en la invasión de competencias autonómicas.

Por su parte, el sector inmobiliario también ha mostrado su rechazo. Según un estudio de esta misma semana del portal Idealista, el índice de precios del alquiler del Gobierno es un 32% más bajo que el precio de mercado, lo que puede contribuir aún más a la falta de oferta de viviendas en arrendamiento.

Alegan errores de forma en la tramitación

El PP ha añadido a sus críticas cuestiones de fondo y contenido, “graves errores de forma”. El Gobierno ha propuesto la aprobación del Sistema Estatal de Índices de Referencia mediante una resolución de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, ignorando que este trámite requiere al menos de una orden ministerial, han puntualizado en su comunicado.

La responsable del área de Vivienda del PP ha denunciado que esta medida, además de amenazar el mercado del alquiler, “pretende imponerse con un rango legal inferior al necesario”. “Un secretario de Estado carece de atribuciones para dictar una norma reglamentaria que, en el trámite que se está sustanciando, aparece definida como proyecto no normativo”, ha explicado.

Propuestas del PP

El PP ha abogado por un Pacto de Estado que asiente las condiciones para incrementar sustancialmente el parque inmobiliario. Según los análisis del partido, la raíz del problema del acceso a la vivienda, que afecta sobre todo a la población joven, es el desequilibrio crónico entra la oferta y la demanda.

Martín ha insistido en que las soluciones no pasan por intervenir el mercado y topar los precios, como impone el PSOE, sino por equilibrar oferta y demanda. “Para corregir el desfase actual es necesario poner en marcha medidas que dinamicen el mercado como una mayor disponibilidad de suelo, la simplificación administrativa, la ayuda a los jóvenes, la seguridad jurídica o la lucha contra la ocupación”.

Entre la batería de acciones concretas que ha propuesto el PP, destacan la concesión a jóvenes menores de 35 años de un aval de hasta el 15% del total de la vivienda, para así facilitar el acceso a una hipoteca.

También han planteado la creación de un fondo de garantía que permita avalar la fianza para el alquiler a los jóvenes que cumplan unos requisitos establecidos.

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