El asunto del catalán en las escuelas ha estado de nuevo en primera línea en el Parlamento Europeo, y los eurodiputados miembros de la Comisión de Peticiones han avalado el informe en el que se pide «igualdad de trato» entre el castellano y el catalán desde el punto de vista lectivo.

Un paso que se ha dado este mismo martes en una votación rápida después de meses de debate y de fuertes divisiones entre izquierda y derecha. El PSOE ha votado en contra del informe. De manera que, el resultado final ha sido de 19 votos a favor y 6 en contra, sin abstenciones.

La presidenta de PETI, líder del PP en el Europarlamento, Dolors Montserrat, fue de las primeras en reaccionar. «El informe del Parlamento Europeo deja claro que la Generalitat está vulnerando los derechos de las familias y que el Gobierno de Pedro Sánchez no hace nada para impedirlo», expuso, y pidió al Ejecutivo central y a la Generalitat que cumplan con la «igualdad» que se pide en el documento.

Montserrat, además, quiso dejar claro que el informe «no va contra ninguna lengua, sino que defiende las 2, catalán y castellano. Que las lenguas convivan en la educación como lo hacen en las calles es garantía de convivencia y también el real reflejo de una sociedad bilingüe».

Para la también eurodiputada ‘popular’ Rosa Estarás es un «gran día para la Constitución y para el Estado de Derecho».

El fracaso de la inmersión

Con respecto a la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que impone un 25 por ciento de castellano, los eurodiputados ha podido comprobar su incumplimiento por parte de la Generalitat. Por ello, recuerdan que «el respeto del Estado de Derecho es una de las piedras angulares de la UE» y lamentan que los padres tengan que reclamar individualmente el cumplimiento de la sentencia.

También condenan la «incitación al odio» contra las familias que ha exigido el 25 por ciento de castellano en los tribunales y piden a la Generalitat que siga de cerca estos casos de intimidación, exclusión social y acoso a niños, pues son inaceptables.

Desde Vox, Jorge Buxadé también celebró la decisión de la Comisión de Peticiones. «Por primera vez en la historia, y gracias a Vox, el Parlamento Europeo condena y repudia el régimen de apartheid lingüístico en Cataluña. Vamos a acabar con la discriminación lingüística en Cataluña. Vamos a devolver la libertad a los catalanes», resumió el portavoz de la formación en la Eurocámara.

«Estamos muy contentos porque empieza el fin del tabú de la política lingüística de los secesionistas», reaccionó tras la votación la eurodiputada de Cs Maite Pagaza. «Damos un paso de gigante para que se pueda hacer la mejor política lingüística para todos los catalanes. Sabemos que el camino no es seguir forzando la máquina en la obsesión contra el español», sentenció ante los periodistas, poniendo el foco en la obligatoriedad de la prioridad del catalán en el caso de los alumnos con necesidades especiales.

Para Pagaza se está «forzando a un monolingüismo ilegal» y no todo el mundo en España «lo sabe». La eurodiputada de la formación naranja sostuvo que es una «victoria» de las familias y que pese «a los intentos de sabotaje» la conclusión para ellos «es muy positiva».

De hecho, el informe que se ha votado en PETI es casi el paso final de un proceso que se ha alargado durante meses y que evidenció en algunas de las sesiones una importante bronca de PSOE, ERC y Junts frente a PP, Vox y Cs. Los segundos han acusado incluso a los primeros de «intentar boicotear» el documento.

El pasado mes de diciembre una delegación de eurodiputados visitaron Cataluña para testar la presencia del bilingüismo en los centros educativos, y elaboraron un informe en el que se centran en 2 ideas básicas que ya anticiparon hace meses.

Por una parte, exigen «igualdad de trato» al español y al catalán en la escuela y por otro aseguran que ese equilibrio de las 2 lenguas «es un derecho constitucional». A su vuelta, de hecho, dijeron que el catalán «no está en peligro» como aseguran los partidos independentistas.

Ahora han añadido un matiz que tiene que ver con una potencial limitación a la libertad de circulación en la UE porque esa falta de igualdad de trato, dice el informe, «impide a las familias que se trasladan a Cataluña estudiar en castellano, lengua oficial, lo que afecta a sus derechos y restringe sus opciones de búsqueda de empleo en su propio país» y esto puede generar «disfunciones importantes» a nivel europeo.

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