La patronal del sector náutico de PIMEM ha denunciado este martes un trato de favor en el reparto del espacio del Puerto de Palma y que nuevamente impera un modelo de oligopolio cerrado que excluye a centenares de pymes mallorquinas.
«Estamos ante un claro pelotazo empresarial de 125.000 m2 de espacio público en el Puerto de Palma”, ha apuntado el presidente de la Federación de la Pequeña y Mediana Empresa de Mallorca (PIMEM), Jordi Mora.
Según la Asociación de Desarrollo Náutico de Empresas y Autónomos (ADNEA) los movimientos hechos hasta ahora se han confeccionado a base de presiones en Madrid y con el objetivo de crear unas bases concursales pensadas para que la actual gestora mantenga la gestión de este espacio público durante los próximos 50 años.
Por ello, las pymes del sector náutico emplazan a los interesados a preparar un proyecto con importantes inversiones en el plazo de sólo un mes, precisamente este enero.
En este sentido, la patronal de la Pequeña y Mediana Empresa de Mallorca (PIMEM) pide la retirada del trámite de competencia de proyectos y que automáticamente se haga un concurso público para la gestión de este espacio.
“Es incompresible e inadmisible desarrollar una base de requisitos pensando en el poco tiempo para poder optar a la gestión de este espacio. Aunque sea legal, este movimiento sólo se entiende desde la óptica de la concesión poco transparente, oscurantista y pensada para favorecer a los de siempre”, ha indicado el presidente de ADNEA, Àlex Casares.
Para la asociación se trata de un proyecto “dado a dedo” con un fuerte perjuicio a todas las empresas industriales del sector y en favor de una gran empresa.
El presidente de PIMEM, Jordi Mora, ha señalado que “a pesar de su legalidad es un modus operandi más propio del siglo XX que del siglo XXI ya que lo que pesa son las influencias de empresas poderosas, propietarios muy influyentes y relaciones directas con Puertos del Estado”.
La patronal mallorquina ha explicado en su comparecencia que la APB aplica una norma “desfasada” para terminar favoreciendo a la gran empresa. Ante el abanico temporal que permite la ley para presentar un proyecto, entre uno y tres meses, finalmente coge sólo uno e incomprensiblemente se publica el 29 de diciembre en plenas fiestas de Navidad.
Para la PIMEM la ley de contratos públicos de 2017 deja claros ocho principios que hoy no se cumplen.
“Ni seguridad jurídica, ni defensa de la competencia, eficiencia, igualdad de trato, transparencia, no discriminación, proporcionalidad e integridad, ninguno de estos principios se cumple” según el presidente de la Federació.
Mora jha asegurado que “es el momento de emplazar a los políticos de Balears a dar la cara por las empresas de Mallorca y no favorecer un monopolio prehistórico que mueve los hilos desde Galicia. Permitirán las administraciones este pelotazo empresarial durante este 2023”.
Por su parte la miembro de la ejecutiva de ADNEA, Rocío García, ha explicado que “a pesar de que todo es legal se mire como se mire no es ético. Las consecuencias de esta decisión afectan a centenares de empresas mallorquinas que pueden ver comprometida su viabilidad y poner en riesgo cientos de trabajadores y trabajadores de manera directa e indirecta”.
ADENEA ha propone un modelo de concurso público con gestión de varadero abierto, donde las pymes y los autónomos puedan instalar sus empresas, desarrollar sus proyectos y crear nuevos puestos de trabajo.
Según PIMEM el varadero cerrado es sinónimo de monopolio y la nula competencia provoca, y de acuerdo a ADENEA una “fuga de clientes ya que huyen a otros puertos por falta de diversidad de oferta y precios”.
