El grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional ha advertido del aumento de denuncias de estafas a empleados y responsables de establecimientos mediante llamada telefónica en Palma.
Según ha informado la Policía en una nota de prensa, el ‘modus operandi’ de los estafadores, quienes hablan perfectamente el español, es llamar a un establecimiento, ya sea una tienda, una lavandería, una franquicia o bien un bar, donde dicen al empleado, encargado de coger el teléfono, que son los gestores, contables o el director de la empresa y que no contactan con el dueño, o que si han contactado y cuentan con su aprobación para que les ingresen dinero en un cajero de criptomonedas.
En concreto, los llamantes les dicen a los empleados que el dinero requerido es para no tener que pagar una multa o una tasa elevada de dinero –utilizan multitud de pretextos, desde recibir paquetería importante hasta el impago de impuestos, entre otros–, todo para transmitir mucha prisa y nerviosismo a los mismos, consiguiendo de esta forma reducir su capacidad de raciocinio y que accedan al pago.
Sin darle margen al empleado para poder consultar la deuda o pago con el responsable, le mantienen siempre al teléfono o le pasan con otro departamento u empresa de transportes y le dicen que debe coger el dinero que tienen disponible en caja, dándole un código, además de una dirección de cajeros de criptomoneda para que ingrese todo el dinero que posea, incluso dinero personal.
ENTRE SEIS Y SIETE DENUNCIAS SEMANALES
La Policía ha aconsejado, para no ser víctima de dicha estafa, mantener siempre la calma y verificar siempre con el encargado o responsable inmediato.
Además, ha apuntado que el hecho significativo de que se está ante una estafa es cuando se solicita que el ingreso se haga en cajeros de criptomoneda, todo para dificultar el rastro del autor de los hechos.
Con todo, ha lamentado que se están contabilizando unas seis o siete denuncias semanales en este ‘modus operandi’, siendo las cantidades estafadas variadas en cada denuncia, llegándose a alcanzar en una de ellas los 8.000 euros.
