Los dos primeros meses de aplicación efectiva del decreto contra el turismo de excesos han supuesto que haya 8 establecimientos en Mallorca con propuesta de cierre cautelar, de los que la mitad ya son efectivos, y que se hayan iniciado 90 actas de sanción, ha anunciado el conseller de Turismo, Iago Negueruela.
«Estamos viendo que la normativa tiene una eficacia y capacidad sancionadora fuerte y sobre todo instrumentos de especial impacto como son los cierres cautelares», ha dicho Negueruela en una rueda de prensa, tras la primera reunión de la Comisión para el Fomento del Civismo en las zonas turísticas, que ha analizado la efectividad del decreto contra el turismo de excesos en lo que va de temporada.
Negueruela considera que el balance inicial, a mitad de temporada, es positivo y ha destacado que las actas suponen «sanciones muy altas».
Se han sancionado fiestas en embarcaciones (las llamadas «party boats»), venta de alcohol fuera de horario, venta de alcohol a menores, prácticas denigrantes por utilización de la mujer como reclamo e inducción al consumo de alcohol, entre otras muchas, ha citado el conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo.
Si bien las sanciones administrativas tienen «un procedimiento garantista» y un tiempo prolongado de tramitación, el conseller ha destacado que el decreto incorpora la potestad de cierre cautelar a establecimientos «prácticamente desde que se detecta la infracción».
De los 90 expedientes por infracciones del decreto de turismo de excesos en todo Baleares, solo el Consell de Mallorca ha iniciado 48 actas con propuestas de infracción.
Negueruela ha admitido que seguro que todavía se producirán infracciones pero ha subrayado: «Vamos a actuar para que no se vuelvan a producir». «Es obvio que veremos imágenes que a ninguno de nosotros nos gustaría pero también es cierto que se está actuando y se están tomando las medidas para que dejen de ser», ha asegurado.
«Creo sería injusto intentar desterrar comportamientos de hace 20 años en mes y medio, pero lo importante es el esfuerzo de todas las administraciones en desterrarlo, la coordinación, el apoyo mayoritario de la sociedad civil al respecto, de las organizaciones empresariales y sindicales, y que en mes y medio ya tenemos resultados contundentes», ha reiterado.
Ha recordado que aunque el decreto se aprobó hace dos años, se vio superado por la normativa derivada de la pandemia de covid-19, de manera que solo ha empezado a ser efectivo esta temporada, con el objetivo de «eliminar excesos en determinadas zonas turísticas que perjudican a esas zonas turísticas y a todo el destino».
El conseller ha abogado por poner en valor «todos los productos que tienen las islas, que son de la máxima calidad, e incidir en la transformación de esas zonas como ya se está haciendo tanto por parte hotelera, como de restauración y ocio, que se está transformando con proyectos en Playa de Palma, Magaluf y Sant Antoni».
Ha destacado la coordinación entre las administraciones y las campañas conjuntas, en particular con el Reino Unido, por la implicación del Foreign Office y la embajada, y ha recalcado que el decreto «es una ley que va dirigida a desterrar un tipo de práctica y no el turismo de ocio, sino a un tipo concreto».
Según Negueruela, quedan por «pulir detalles técnicos» en algunas actas, como casos en los que puede empezar el acta una administración pero puede tener que sancionar otra, pero se ha comprometido a que «se va a actuar con la máxima contundencia en lo que queda de verano, con las actuaciones necesarias para que si tienen que cerrar se más locales se cierren más locales».
«Nuestro destino ha dicho basta a un tipo de turismo y se va a actuar con toda la contundencia necesaria», ha recalcado.
Negueruela ha alabado el acuerdo entre las distintas administraciones para combatir el turismo de excesos, «seguir trabajando en el posicionamiento de las islas como uno de los grandes destinos vacacionales» y «acabar de erradicar» determinadas conductas concretas.
Ha agradecido a la Delegación del Gobierno que haya desplegado efectivos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en Baleares, con Policía Nacional y Guardia Civil, con 700 agentes que este año están en las islas desde junio. «Es un período especialmente importante porque tenemos los cuatro meses de mayor capacidad turística», ha dicho sobre la ampliación de ese refuerzo policial.
